La estatización de Aerolíneas

Por Ezequiel Giletta

Colaborador de Senda Política y Social

Aerolíneas Argentinas nació en 1950 como Empresa del Estado y se convirtió en 1979 en Sociedad Estatal.
En 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, debido a la crisis en la Balanza de Pagos, se intentó su privatización. Se llevó a cabo finalmente en 1990 en el marco de la Reforma del Estado, durante la Presidencia de Menem. La española Iberia adquirió la empresa en 560 millones de dólares, participando como socio minoritario el Estado Argentino.

Un ambicioso plan de inversiones en Aerolíneas vino de la mano de la privatización. Sin embargo, en 1994 Iberia integra un aumento del capital accionario y el Estado Argentino renuncia a su derecho de veto en el Directorio de la empresa. A partir de este momento comienza la reducción del capital social de la aerolínea.

En 2001, adquiere el paquete accionario de la empresa el grupo Marsans, que opera en Argentina por medio de la sociedad jurídica Interinvest.
Hoy Aerolíneas se encuentra con un déficit operativo mensual de 40 millones de dólares y una deuda total de 890 en la verde moneda. Además el Estado argentino aumentó (a 20%) su participación en la empresa por medio de un convenio firmado en 2006.

El caótico estado de la aerolínea hizo que el Gobierno Nacional tomara las riendas de la situación, primero al hacerse cargo de sueldos y aguinaldos del mes de junio del corriente año, y segundo asumiendo la responsabilidad de re-estatizar la empresa. El 21 de julio la Presidenta hizo el anuncio del acta-acuerdo firmada por el Gobierno y Marsans por el cual el último manifiesta su voluntad de vender la totalidad de las acciones en su poder de Aerolíneas Argentinas y Austral.
¿Es correcta la decisión del Gobierno? Sí, rotundamente. Sólo el Estado se encuentra en condiciones de proceder al salvataje de la empresa.

La regla básica en contabilidad es que el patrimonio neto de un individuo o una sociedad es igual a su activo menos su pasivo. Con los cientos de millones de deuda y la descapitalización del activo puede pensarse que el valor económico de Aerolíneas es nulo. Sin embargo, conservar las rutas internacionales que han transitado durante décadas los aviones de la aerolínea de bandera y los 9000 puestos de trabajo que ésta posee implica una incalculable importancia en historia, tradición y dignidad.

En este tiempo denominado en el acta-acuerdo “de transición” ambas partes se encargan por separado de la tasación de la empresa para acceder a la transacción posterior. El proyecto de ley para la aprobación de la adquisición de la aerolínea fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso tres días después del anuncio.

Poniendo la mirada en el horizonte y pensando en el futuro corresponde discutir si la empresa debe permanecer estatizada o se debe proceder a su privatización.
Durante el siglo XX los Estados se han hecho cargo de la prestación de ciertos servicios públicos como el agua potable, la energía eléctrica, el transporte urbano entre tantos otros. Estos servicios han sido puestos en manos privadas en las últimas décadas del siglo pasado y Argentina no estuvo exenta a esta ola mundial.

La administración del Presidente Kirchner ha estatizado determinadas prestaciones de servicios que habían sido privatizadas en la década del 90, como Aguas Argentinas, Correo Argentino, el espacio radioeléctrico, entre otros.

Las privatizaciones, además de significar un importante ingreso para las arcas del tesoro, implican, en teoría, una eficientización en la prestación del servicio debido al fin de lucro típico de una actividad privada empresaria, donde buscan reducirse costos y obtener ganancias.
En este marco, determinados servicios pueden continuar siendo estatales, específicamente aquellos que, debido a la libre competencia en el mercado obligan a la empresa estatal a la eficiencia en la prestación del servicio. Ejemplo de ello es el Correo, ya que al existir empresas privadas de correo el Estado está “obligado” a entrar en el juego de la competencia si de veras quiere mantener su actividad en el mercado.

En el caso de una aerolínea, como Aerolíneas Argentinas y Austral, rige lo anteriormente dicho, pues al existir otros prestadores del mismo servicio es la competencia la que indica quién sigue en pie. Vale la aclaración, que se piensa en un “ideal” de empresa estatal, que busca obtener utilidades y no que utiliza la empresa como un reservorio de puestos políticos y de amistades ubicadas que generan una sobrecarga de personal y un gran déficit a la empresa y al Estado.
Siguiendo esta línea, la re-privatización de la empresa no sería mala en la medida en que los organismos de control del Estado cumplan con su función, y no en la forma en que lo hicieron durante el la Presidencia de Menem.

La idea del Gobierno, al proclamar la “puesta en valor de la compañía”, parece ser la re-privatización de la misma, pensando en que sean capitales nacionales los que inviertan ella. Pero aún queda pendiente quién asumirá el alto pasivo que posee la empresa.
Esto recién comienza y ni siquiera se abrió el paquete de naipes para empezar a barajar. Pero la sociedad se merece el debate acerca de cuál será el destino que tendrán Austral y Aerolíneas Argentinas.