Economía de la salud: Sus aspectos conflictivos y la opción kirchnerista

Por Damián Lobos

La mercantilización de la salud es una problemática que no deja de tener trascendencia en la dinámica de mercado actual. A nivel global las grandes directrices vienen dadas por la administración privada de sistemas integrales de salud y la incipiente inclusión de los medicamentos en el mercado como una mercancía más que ha de ser adquirida bajo el principio del intercambio monetario.

Si en algo se ha especializado la bioética como espacio de discusión social dentro de las ciencias del curar es en hacer explícita la disyuntiva moral del desarrollo que en la medicina ha generado su entrada al marcado y su último fundamento humanista que ha de regirla sobre cualquier principio alternativo.

Los Estados han venido buscando, desde hace medio siglo, la articulación más provechosa entre estos dos aspectos. Algunos han optado por privilegiar la inversión privada a costa de una distribución más desigual de los recursos de la salud, mientras que otros entienden al Estado como el principal gestor y quien debe regular los procesos capitalistas en esa esfera. Si el neoliberalismo de los 90 unificó criterios en el primer sentido, las circunstancias actuales de incertidumbre nos proponen todo un desafío para las conducciones nacionales que quieran encarar una administración social de la salud.

Hoy
Como parte de un vigorozo relanzamiento de su gestión, tras los sobresaltos de la resolución del conflicto con las patronales del sector agroexportador, el gobierno nacional ha reactivado un proyecto de ley impulsado por la diputada Vaca Narvaja en 2006 que crearía un marco regulatorio para empresas de medicina prepaga. La protoley impone la autorización ministerial (en el marco de la Superintendencia de Salud de Héctor Capacciolli) para todo tipo de aumentos de tarifas y restricciones de cobertura, tanto las de edad como los períodos de embarazo o tipos de patologías, sumado a una extensa lista de prerrogativas para organizar un funcionamiento previsible y generalizado de los contratos de cobertura.

El despacho de la Comisión de Acción Social y Salud Pública fue robado del archivo y desempolvado, no por capricho populista del gobierno (o no sólo por eso), sino en el cuadro de una ofensiva política con fuertes miras a gestionar una economía de la salud de mayor nivel y mejor distribuída.

Ayer
En la gestión de Néstor Kirchner el ministerio de Salud, en las manos de Gines Gonzales García, impulsó una planificación integral de reestructuración del sistema de salud tanto privado como público. Como primera pauta se logró sacar la ley de venta de medicamentos por su nombre genérico y, de la mano de esta, el ambicioso y fructífero Plan Federal de Salud REMEDIAR que, además de crear un sistema generalizado de entrega gratuita de medicamentos (su principal objetivo) creó un red solidaria de apoyo a los sistemas de salud provinciales y municipales y un acercamiento efectivo a gran cantidad de zonas marginadas en el interior de las provincias.

Sumado a esto se puso en marcha la reforma infraestructural y administrativa del sistema nacional de cobertura de salud pública; el proyecto consistió en crear centros de salud integral que sectoricen la cobertura de las necesidades básicas y dejar para los grandes hospitales, técnicamente competentes, las internaciones y las incursiones de mayor complejidad. Además nace el “Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos” siendo, junto con el de Brasil (precursor internacional), los proyectos de inversión estatal en producción de medicamentos más importantes de la región.

Las necesidades sociales nacidas de la debacle económica del 2001 dejaron a una gran masa de la población al margen de las prestaciones de salud, las que fueron parcialmente saldadas por el gobierno, siempre marginalmente como todo lo que se puede hacer en previsión social sin una estructura bien planteada. El impulso que estos lineamientos tuvieron, tanto en lo político como en lo económico, en los tres primeros años de gestión del ex presidente es una de las explicaciones de su alta aceptación popular. Como parte de necesidad fiscales (aparecían por primera vez números de inflación comprometedores) y electorales, en el 2007 se le sacó algo fuerza a la gestión de Gonzales García pero sin eliminar el proyecto, sólo atrasándolo.

La entrada de Graciela Ocaña en el ministerio tras la asunción de Cristina Fernández a fines del año pasado intensificó esta circunstancia. El proyecto estaba, pero faltaba iniciativa política para formar parte de la carpeta de la presidente. El revés del conflicto con las entidades del agro puso a la administración de frente a una disyuntiva complicada de enfrentar. La decisión perece ser una revitalización de la política social, que tanto apoyo le trajo a Néstor Kirchner y que había quedado trunca tras tantos traqueteos con los sectores productivos. A la nueva posición de las entidades gremiales y sindicales en la estructura política tras la reunión de la Comisión del Salario y la apertura de la discusión de la movilidad jubilatoria se suma este proyecto repatriado por el kirchnerismo.

Siempre
El pensador norteamericano Michael Walzer (que ha tomado la problemática de la salud como un punto central de sus estudios) entiende como paso previo a la designación de criterios de justicia para una sociedad una aprehensión cabal de las significaciones e interpretaciones que las comunidades otorgan a los bienes. La salud como bien social no parece ser tema de discusión, pero su dinámica económica es algo que merece una pausa en la sociedad argentina.

El último gobierno militar adjudicó la previsión de salud a las provincias sin ningún aporte económico adicional a la recaudación que las mismas pudieran conseguir, con lo cual los servicios públicos de salud se deterioraron. Sumado a una absoluta negligencia de los tres primeros gobiernos democráticos ante las prerrogativas de las potencias productoras de medicamentos en el marco de las discusiones por las regulaciones de las patentes medicinales; que más que clara la privatización de la salud como principio rector de su gestión y distribución en la Argentina.

La propuesta kirchnerista no es más que eso; una propuesta. Interesante en comparación con lo que existía antes, pero no lo suficientemente articulada como para constituir un modelo alternativo (este problema es uno de los principales errores de los Kirchner en el poder, buenas ideas pero segmentadas entre sí y poca proyección para las mismas). Asimismo la discusión sigue y el gobierno debería haber aprendido tras estos meses de conflicto a coordinar intereses en sus planes. No vaya a ser que terminen creando una Mesa de Enlace entre prepagas, laboratorios y profesionales de sector. Por ahora sólo nos queda salir abrigarnos durante lo que queda del invierno, no vaya a ser que nos enfermemos.